This website is supported by the Environmental Law Institute and the Swedish Postcode Foundation

enviromental_law

Legislación y política ambiental

Home » Legislación y política ambiental

La legislación ambiental está conformada por el conjunto de normas que regulan tanto los recursos naturales y el ambiente, como las relaciones de las personas (naturales o jurídicas) y de los Estados, con la naturaleza. Lo anterior significa que en esta rama del derecho es posible encontrar diferentes actores, cuyas acciones u omisiones referidas al uso, manejo, conservación, planificación y restauración ambiental, son reglamentadas en aras de garantizar las condiciones adecuadas para lograr una vida digna, además para que la presente y las próximas generaciones puedan disfrutar de los bienes y servicios del entorno (Rodríguez, Gloria Amparo, 2022)

Agua

Legislación

Políticas públicas

Jurisprudencia

Áreas protegidas

Legislación

Políticas públicas

Jurisprudencia

Biodiversidad

Legislación

Políticas públicas

Jurisprudencia

Bosques

Legislación

Políticas públicas

Jurisprudencia

Cambio climático

egislación

Políticas públicas

Jurisprudencia

Fauna y Flora

Legislación

Políticas públicas

Jurisprudencia

Hidrocarburos, Minería y Energía

Legislación

Políticas públicas

Jurisprudencia

Información ambiental

Justicia ambiental

ddd

Planificación ambiental

Ordenamiento Territorial y ambiental

Política ambiental

En el contexto de la política nacional ambiental actual, proyecto colectivo ambiental, las acciones y metas planteadas se dirigen, en conjunto, a avanzar en el ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de los ecosistemas continentales y marinos, fortaleciendo la capacidad nacional para la investigación científica de los mares nacionales y su biodiversidad asociada, haciendo especial énfasis en los ecosistemas estratégicos marinos y en las áreas afectadas por impacto humano o fenómenos naturales.

En 1997 se formuló la Política de gestión ambiental para la fauna silvestre (PGAFS) y en 2002 la Estrategia nacional para la prevención y control del tráfico ilegal de especies silvestres (EPCTI), las cuales tuvieron escasos avances de implementación. Vale resaltar que mediante la Ley 17 de 1981 Colombia integró a su ordenamiento jurídico la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la cual busca que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia (Organización de las Naciones Unidas, s. f.)..

se basa en el Enfoque Ecosistémico para la Gestión en Humedales Interiores, como una estrategia para el manejo integral de la tierra, el agua y los recursos vivos y para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus funciones y valores de tal manera que se promueva la conservación y el uso sostenible de una forma justa y equitativa, a través de la integración de los factores ecológicos, económicos y sociales dentro de un marco geográfico definido principalmente por límites ecológicos (Convención de Diversidad Biológica).

Es el documento por el cual se planifican, ejecutan y monitorean las acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en un escenario social y territorial definido y en diferentes estados de conservación, con el fin de maximizar el bienestar humano, a través del mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza

Enfatiza en el manejo efectivo, en la prevención y solución diferencial de los conflictos derivados del uso, ocupación, y tenencia; estableciendo los lineamientos para racionalizar la creación de nuevas áreas; avance en el reconocimiento de estrategias complementarias de conservación y permita alienar los instrumentos de planificación del Sistema.

Este documento CONPES brinda lineamientos de política para contrarrestar la deforestación y promover la gestión sostenible de los bosques. Mediante el análisis de las causas que inciden en los procesos de cambio de uso de suelo y pérdida de bosque natural, se identifican las acciones que el Gobierno nacional debe desarrollar de manera articulada con los sectores, comunidades, entre otros actores para que, desde el reconocimiento de las particularidades y necesidades de los territorios, se controle esta problemática y al mismo tiempo se promueva la conservación y manejo sostenible de los bosques.

La Política para la gestión sostenible del suelo con la cual se busca promover el manejo sostenible del suelo en Colombia, en un contexto en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de los colombianos.

El objetivo de la Política nacional de cambio climático es incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que este genera.

Fortalece la gestión integral de los residuos peligrosos, reconociendo las necesidades de los diferentes grupos de interés, así como la problemática ambiental asociada a su generación y manejo, con el fin de proteger el ambiente y la salud humana, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.

Esta política se compone de cuatro ejes estratégicos. El primer eje busca adoptar medidas encaminadas hacia (i) la prevención en la generación de residuos; (ii) la minimización de aquellos que van a sitios de disposición final; (iii) la promoción de la reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos; y (iv) evitar la generación de gases de efecto invernadero.

Define la hoja de ruta hasta el año 2032 que deberán seguir, en un accionar sistémico y coordinado, el Estado, en cabeza de las diferentes entidades de los órdenes nacional, regional y local; los diversos sectores productivos y empresariales del país –involucrados en la gestión de este tipo de residuos– y la sociedad colombiana en general para afrontar la problemática global y local que representa la generación creciente de los RAEE y su manejo inadecuado, que puede producir afectaciones a la salud humana y al ambiente.

Se erige en una estrategia transversal para la formación de ciudadanos conscientes y responsables en su relación con el ambiente, capaces de incidir en la toma de decisiones, proponer soluciones y participar en los procesos de gestión y planeación ambiental. Por tanto, en 2003 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, presentó la Política nacional de educación ambiental, cuyo objetivo es proporcionar un marco conceptual y metodológico para orientar las acciones en materia de educación ambiental en los sectores formal, no formal e informal.

Mediante el Documento Conpes 3943 de 2018 se adoptó la Política para el mejoramiento de la calidad del aire, cuyo objetivo es reducir la concentración de contaminantes en el aire que afectan la salud y el ambiente. Este instrumento reemplaza la Política de prevención y control de la contaminación del aire de 2010, teniendo en cuenta que su plan de acción finalizó en 2019, y con el propósito de ampliar el alcance de las medidas. 

Suelo

Código de los Recursos Naturales y protección del Medio Ambiente enumera los factores que deterioran el recurso suelo como la contaminación, degradación, erosión y revenimiento de suelos y tierras.

Define el suelo, sus funciones y servicios ecosistémicos que presta al país, así como un plan de acción para su conservación y uso adecuado.

Define, expedir y actualizar las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo, uso de sustancias químicas y biológicas en actividades agropecuarias, recomendaciones para reducir la contaminación geosférica y del paisaje.

Señala que el uso de suelos debe realizarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos y que se debe determinar el uso potencial y clasificación de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región.

Aprueba la "Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular África"

Formula políticas y expedir normas, directrices e impulsar programas y proyectos dirigidos a la conservación, protección, restauración, recuperación y rehabilitación de los suelos.

Proceso sancionatorio ambiental

Es un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, que tiene por objeto adelantar una investigación contra un presunto(s) infractor (es), los cuales pueden ser persona natural, jurídica o ente territorial, al haber infringido las normas ambientales y/o actos administrativos emanados por la Autoridad competente, con el fin de proteger, administrar y regular el medio ambiente como bien jurídico del Estado, tal como establece el Art. 5° de la Ley 1333 de 2009, dentro del marco de las competencias propias de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – DBBSE, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 16 Artículo 16 del Decreto 3570 de 2011.


Ámbito de aplicación

Ley 1333 de 2009 y el numeral 16 Artículo 16 del Decreto 3570 de 2011, en lo relacionado con trámites de Sustracción de Reservas, especies de veda Nacional tramitados antes del 25 de noviembre de 2019, trámites de Acceso al recurso Genético y CITES.